Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Guatemala (Ratification: 1988)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las distintas políticas adoptas recientemente a las que se refiere el Gobierno, entre las que se encuentran: i) el Servicio de Ventanilla de Atención al Migrante; ii) las Ventanillas Únicas Municipales de Empleo, y iii) las medidas impulsadas en materia de empleabilidad juvenil. La Comisión toma nota también de las acciones llevadas a cabo durante 2020 y 2021, entre las que se incluyen: i) la acreditación de 923 migrantes y 890 no migrantes; ii) cinco reuniones entre los ministerios que conforman la Comisión Nacional de Empleo Digno (CONED); iii) el inicio de funciones de la Secretaría de la CONED; iv) la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional para más de 9 000 becas para la formación y capacitación técnica, y v) el inicio del proceso de actualización de la Política Nacional de Empleo Digno (PNED) 2017-2032. El Gobierno indica que la Secretaría Técnica de la CONED lideró el proceso de actualización de la PNED y para ello se llevaron a cabo 312 reuniones de trabajo, talleres y eventos donde participaron los sectores de los trabajadores, los empleadores, la academia y el Gobierno. El Gobierno también indica que en mayo de 2023 se llevó a cabo la primera reunión con la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales y Libertad Sindical para dar a conocer el marco estratégico de la PNED. La Comisión recuerda la importancia de las consultas con los interlocutores sociales en el diseño de las políticas laborales y la necesidad de contar con información sobre alcance y el impacto de las medidas adoptadas o a adoptarse a los fines de poder realizar una evaluación de estas. La Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas (NU), en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Guatemala, expresó su preocupación, entre otras cuestiones, por i) los impactos desproporcionados que pueda tener en el ingreso de los trabajadores el ajuste del salario mínimo por circunscripciones, que este continúe siendo insuficiente para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, y el número significativo de trabajadores que reciben menos de lo que corresponde al salario mínimo; ii) que el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga y sindicalización continúan siendo restringidos y las informaciones sobre amenazas y actos de violencia, incluyendo la muerte de dirigentes y miembros de organizaciones sindicales, y iii) la estrecha vinculación entre el empleo formal y la seguridad social, lo cual se refleja en la baja cobertura del sistema de seguridad social y afecta especialmente a los trabajadores informales y los trabajadores por cuenta propia (documento E/C.12/GTM/CO/4, de fecha 11 de noviembre de 2022, párrafos 24, 28 y 30). La Comisión subraya que los desafíos en empleo como altas tasas de informalidad, concentración en el sector agrícola, bajos niveles educativos y acceso limitado a la seguridad social perpetúan la pobreza y motivan la migración en busca de mejores oportunidades. La Comisión recuerda que la finalidad central del Convenio es promover la formulación y aplicación de una política nacional del empleo que garantice el pleno empleo, productivo y libremente elegido, como un medio fundamental para mejorar el nivel de vida y asegurar condiciones laborales dignas para toda la población. En línea con esta finalidad, la Comisión subraya la importancia de que dicha política se construya y ejecute con amplia consulta y participación efectiva de los interlocutores sociales, incluidos los trabajadores, empleadores y representantes de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y trabajadores de la economía informal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión reitera su petición al Gobierno para que, en su próxima memoria, proporcione información detallada y actualizada sobre el alcance, contenido e impacto de las políticas y medidas adoptadas para promover el empleo digno y la inclusión laboral, haciendo especial énfasis en los mecanismos de consulta utilizados y en cómo se han integrado las recomendaciones y experiencias de los distintos sectores sociales. Al respecto, la Comisión ruega al atención del Gobierno sobre la página web de la «Employment Policy Action Facility» de la OIT (disponible en inglés) que ofrece recursos diseñados para apoyar el desarrollo e implementación de políticas de empleo efectivas y contiene guías de políticas, investigaciones e informes, herramientas y manuales, estudios de caso, oportunidades de capacitación y desarrollo de capacidades. En particular, el Laboratorio de diseño de políticas de empleo es un espacio que presenta los métodos, herramientas y buenas prácticas de la OIT en ciertos países; pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones a elaborar e implementar políticas de empleo más eficaces.

Economía informal. El Gobierno indica que, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, la población ocupada en el mercado informal en 2021 era de 5 128 032 personas y en 2022 era de 4 944 880 personas, de los cuales alrededor del 60 por ciento eran hombres y alrededor del 50 por ciento eran no indígenas y el hecho de que la informalidad se concentraba principalmente en el área rural. La Comisión toma nota de que, si bien ha habido un leve descenso, la informalidad en las relaciones laborales sigue siendo alta. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a distintas medidas adoptadas para facilitar la transición hacia la economía formal, entre ellas la Ventanilla de Atención al Migrante, la Ventanillas Únicas Municipales de Empleo, el Programa Beca mi Primer Empleo que incluye la oportunidad de obtener una beca dentro de una empresa formal, y programas tales como Escuelas Taller y la Sección de Capacitación y Formación para el empleo. La Comisión toma nota de las acciones realizadas por el Departamento de Cultura Tributaria para capacitar a emprendedores sobre a la transición hasta la economía formal. El Gobierno indica que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en su Plan Estratégico Institucional 2018-2022 estableció el objetivo estratégico de ampliación de cobertura. El Gobierno indica también que el IGSS al momento de la presentación del informe registraba un nivel de ampliación de cobertura del 73,7 por ciento del mercado de trabajo formal, lo que refleja una tendencia creciente pues en 2021 dicho indicador era del 65,6 por ciento. La Comisión toma nota del incremento de los indicadores de cobertura del seguro social en el mercado de trabajo, que pasó de una no cobertura del 82,2 por ciento en 2020 a una no cobertura 78,7 por ciento en 2022. El Gobierno indica que en el marco de la PNED se realizan distintas actividades de coordinación interinstitucional entre el MINTRAB y IGSS a los fines de revisión y actualización de la PNED. La Comisión toma nota de que el CDESC expresó también su preocupación por el número significativo de personas que laboran en el sector informal de la economía y que, por lo tanto, no gozan de protección laboral ni tienen acceso a la seguridad social (documento E/C.12/GTM/CO/4, de fecha 11 de noviembre de 2022, párrafo 22).

La Comisión observa que, pese a un leve descenso, la informalidad laboral sigue siendo elevada en Guatemala, impactando especialmente a trabajadores en áreas rurales, mujeres e indígenas. Si bien reconoce las iniciativas del Gobierno en materia de empleo y formación, así como la ampliación de la cobertura del IGSS, subraya la necesidad de avanzar de manera más decidida hacia la formalización del empleo.

La Comisión recuerda que la transición hacia la economía formal es esencial para mejorar la protección social, asegurar condiciones laborales dignas y promover el desarrollo económico sostenible e insta al Gobierno a utilizar como referencia la Recomendación núm. 204 de la OIT, así como todos los manuales y herramientas técnicas, incluyendo los recursos disponibles en la Plataforma de Acción sobre Políticas de Empleo y el portal de transición a la formalidad. Asimismo, destaca el valor de la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe 2024-2030 (FORLAC 2.0) publicada por la OIT en 2024, la cual proporciona buenas prácticas, enfoques integrales y herramientas concretas para avanzar en la formalización laboral en contextos latinoamericanos. Igualmente, llama la atención del Gobierno sobre las recientes conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 113.ª reunión (junio de 2025), que ofrecen recomendaciones y directrices pertinentes y actualizadas para orientar la acción nacional. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que informe de manera detallada y actualizada sobre la magnitud de la economía informal y sobre los efectos de las medidas adoptadas para promover la transición hacia la formalidad, prestando particular atención a las zonas rurales y grupos vulnerables. Recomienda igualmente reforzar la participación efectiva de los interlocutores sociales en todo el proceso, asegurando la eficacia y sostenibilidad de la estrategia nacional. Además, solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas en conformidad con la PNED para facilitar la transición hacia la economía formal, especialmente en las zonas rurales del país. Esto incluye las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Formalización, diseñada en 2019.

Empleo rural. La Comisión toma nota de la información estadística enviada por el Gobierno sobre personas orientadas a través de las Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUMES), desagregadas por sexo y rango de edad, que desde 2020 a febrero de 2023 involucraron a un total de 14 222 personas orientadas. La Comisión solicita al Gobierno que en futuros informes se desagregue la información, de tal forma que permita distinguir el uso de las VUMES por parte de trabajadores rurales. La Comisión toma nota de la información sobre la implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC) con el apoyo del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas del proyecto PROEDUC en la promoción el empleo rural. La Comisión toma nota de la información estadística enviada por el Gobierno sobre las inspecciones las plantaciones realizadas desde 2020 hasta el 28 de marzo de 2023. La Comisión toma nota de que, del total general de inspecciones realizadas, se han impuesto 3 sanciones administrativas en 2020, 5 en 2021, 20 en 2022 y 0 hasta el 28 de marzo de 2023. El Gobierno indica que a través del cuerpo de Inspectores de Trabajo realiza anualmente planes operativos focalizados y regionalizados específicamente en el sector agrícola y en la verificación del empleo de personas menores de edad. El Gobierno agrega que se ha detectado el empleo de 22 personas menores de edad en centros de trabajo en actividades específicas de plantaciones en 2022, mientras que no se han encontrado a personas menores de edad en 2020, 2021, y hasta el 28 de marzo de 2023. Con respecto al impacto del Protocolo único de procedimiento del sistema de inspección del trabajo, el Gobierno indica que en 2020 se realizaron 32 inspecciones, en 2021 se realizaron 29 inspecciones, en 2022 se realizaron 6 inspecciones, y al 28 de marzo de 2023 se realizaron 14 inspecciones. El Gobierno agrega que se han impuesto sanciones administrativas en 4 casos. La Comisión toma nota de que el CDESC expresó también su preocupación por las condiciones laborales de las personas que trabajan en algunos sectores tales como el sector agrícola, principalmente las que trabajan en el cultivo de la palma aceitera, y el sector del trabajo doméstico sigan siendo precarias, así como que el Estado parte no cuente con los recursos humanos suficientes para realizar las labores de inspección que permitan proponer soluciones efectivas a los trabajadores (documento E/C.12/GTM/CO/4, de fecha 11 de noviembre de 2022, párrafo 26). En sus observaciones previas la Comisión observaba que, entre las acciones prioritarias de la PNED, se encontraba la elaboración del «Plan de Desarrollo Rural, una revolución agropecuaria», con la finalidad de promover el empleo digno en las áreas rurales.

Considerando la importancia estratégica del empleo rural para el desarrollo social y económico inclusivo, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar información detallada y actualizada sobre el impacto de proyectos emblemáticos como el Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC), apoyado por el Banco de Desarrollo Alemán, incluyendo resultados concretos en términos de generación de empleo digno y sostenible en áreas rurales.

Asimismo, la Comisión observa con preocupación la persistencia de condiciones laborales precarias en sectores rurales, especialmente en plantaciones y cultivo de palma aceitera, y la insuficiente capacidad del sistema de inspección para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral en estas áreas. Por ello, insta al Gobierno a fortalecer significativamente los mecanismos de inspección laboral, focalizados y regionalizados, con especial énfasis en la protección de menores de edad y grupos vulnerables en zonas rurales.

La Comisión subraya la importancia de avanzar en la implementación del «Plan de Desarrollo Rural, una revolución agropecuaria» como parte integral de la Política Nacional de Empleo Digno (PNED), orientando las políticas públicas a promover empleo rural formal, productivo y con garantías laborales. La Comisión invita al Gobierno a utilizar la Recomendación núm. 204 de la OIT y a aprovechar los manuales y herramientas técnicas disponibles, como la guía regional FORLAC y las recientes conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2025, recursos fundamentales para diseñar políticas integradas y efectivas hacia la formalización y el empleo decente en zonas rurales. En este sentido, la Comisión solicita nuevamente información exhaustiva y desagregada por sexo, edad, categoría socio-profesional, sector económico y región, que permita evaluar cabalmente el alcance y el impacto de las medidas y políticas implementadas para promover la inserción laboral en el medio rural, garantizando la participación activa de los interlocutores sociales y de los grupos más vulnerables.

Educación y formación. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno con respecto a la implementación de varios programas en materia de educación y formación profesional. El Gobierno indica que, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias (SCC), se llevó adelante el Programa de Escuelas Taller con el objeto brindar capacitación para el empleo y formación técnica ocupacional, del que en 2022 participaron 169 personas (87 mujeres y 82 hombres). De la información estadística suministrada por el Gobierno surge que durante 2021 y 2022 un total de 5 989 personas fueron acreditadas y certificadas en el marco del SCC. El Gobierno también se refiere al Programa Umbral de Guatemala Formación Laboral, dentro del cual se estableció el componente de Formación para el Trabajo, por medio del cual se desarrollaron 18 calificaciones profesionales, de las cuales se derivó el diseño de 6 carreras nuevas bajo el modelo de formación técnico laboral. La Comisión toma nota de que la matrícula de estudiantes de estas carreras para el periodo que va desde 2021 a abril de 2023 ascendió a 726 personas (438 hombres y 288 mujeres). El Gobierno también se refiere al Programa de Capacitación Técnica para el Empleo, que tiene como finalidad potenciar las capacidades y competencias a través del otorgamiento de becas y se enfoca en las poblaciones en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, personas con discapacidad, juventud y personas migrantes retornadas. La Comisión toma nota de que en 2022 participaron en este programa un total de 7 323 personas (2 468 mujeres y 4 855 hombres). El Gobierno agrega que el Ministerio de Economía (MINECO) tiene en marcha la ejecución de un contrato con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) mediante el cual se brindan becas de capacitación a personas priorizadas por el programa y que durante 2022 se benefició con becas de formación a un total de 805 personas (265 hombres y 540 mujeres). La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno con respecto a la coordinación entre las políticas educación y formación profesional con las políticas y programas de empleo. El Gobierno indica que el INTECAP coordina con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) las acciones en este sentido, participando en reuniones y en la suscripción de un convenio de prestación de servicios entre ambas instituciones. El Gobierno agrega que el MINTRAB y el INTECAP suscriben convenios interinstitucionales para la prestación de servicios de capacitación. El Gobierno indica también que el Ministerio de Educación (MINEDUC) participa en la coordinación y el seguimiento del Sistema Nacional de Formación Laboral (SINAFOL) para articular la demanda productiva con la oferta formativa. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información actualizada sobre la naturaleza y el impacto, incluyendo información estadística desglosada por edad y sexo, de las medidas implementadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Información relativa al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno respecto a la promoción del trabajo de las mujeres. El Gobierno indica que el MINTRAB a través de la Sección de Mujer Trabajadora promueve acciones sobre los derechos laborales de las mujeres, entre las que figuran: i) atención, asesoría e información a mujeres trabajadoras; ii) talleres y capacitaciones sobre obligaciones y derechos laborales con enfoque de género, informándose que desde 2020 a marzo de 2023 un total de 7 297 mujeres participaron en dichas actividades; iii) promoción, en conjunto con UNICEF, de la Iniciativa de Espacios Amigos de la Lactancia Materna en las instituciones del sector público y privado, informándose que desde 2020 a marzo de 2023 se otorgó ese reconocimiento diez instituciones; y iv) becas de capacitación, indicándose que durante 2022 se benefició un total de 805 personas (540 mujeres y 265 hombres). La Comisión toma nota de la información estadística suministrada por el Gobierno sobre la evolución del mercado de trabajo, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. El Gobierno indica que en 2022 la tasa de desempleo abierto era del 2 por ciento para los hombres y del 4,5 por ciento para las mujeres, mientras que la tasa de subempleo visible era del 9,7 por ciento para los hombres y del 14 por ciento para las mujeres. La Comisión toma nota también de la información estadística suministrada por el Gobierno sobre la evolución del empleo de categorías particulares de trabajadores, como mujeres, jóvenes, adultos mayores, población indígena, población ocupada en el área rural y población ocupada en el sector informal. En sus observaciones de 2023 la Comisión tomaba nota de que la PNED prevé el establecimiento de un «Sistema Nacional de Información Laboral» que busca implementar un sistema de evaluación y monitorio del PNED y poner a disposición de las instituciones involucradas en el mercado de trabajo, empleadores y la población en general toda la información disponible sobre el mercado de trabajo. La Comisión observa que el Gobierno en su lugar suministra información sobre el «Sistema Nacional de Formación Laboral». Al tiempo que toma nota de que la tasa de desempleo abierto entre las mujeres es más del doble que entre los hombres, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el trabajo productivo, sostenible y decente para las mujeres, así como sobre el impacto de estas medidas en el empleo de mujeres. La Comisión pide también al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desagregada por edad y sexo, sobre la evolución del mercado de trabajo, incluyendo sobre las tasas de empleo, desempleo y subempleo (visible y no visible) e informalidad, desglosadas por sexo, edad y zonas rurales y urbanas. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre la situación y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores, tales como mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno respecto de distintas medidas ejecutadas para promocionar el empleo entre los jóvenes. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a las siguientes i) el Programa Nacional de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, enfocado en mejorar la empleabilidad de los jóvenes; ii) el Programa Beca Mi Primer Empleo, cuyo objetivo es promover y apoyar la contratación de jóvenes de 18 a 24 años por un plazo de cuatro meses, en calidad de aprendices, y en el cual en 2022 hubo un total de 703 (328 hombres y 375 mujeres) beneficiarios, y iii) el Servicio Nacional de Empleo (SNE) que lleva adelante servicios de intermediación laboral, promoción laboral, orientación laboral, donde los jóvenes representan el 50 por ciento de los usuarios entre el rango de 21 a 30 años y el 23 por ciento entre el rango de 16 a 20 años. De la información estadística suministrada por el Gobierno, la Comisión toma nota de que se ha dado un incremento constante de 2020 a enero de 2023 en las personas orientadas y las personas insertadas en el mercado laboral por el SNE y que el INTECAP ha capacitado y certificado a más de 400 000 personas por año. El Gobierno también se refiere a la «Beca Social Artesano» del Programa Social «Beca Social», siendo una intervención dirigida a personas mayores de edad preferentemente mujeres del área urbana y rural que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, y que entre 2020 y 2022 se han otorgado un total de 12 595 becas. La Comisión toma nota de la información estadística suministrada por el Gobierno sobre las tendencias del empleo juvenil. De la información estadística del mercado laboral de 2021 y 2022, surge con respecto a la población de 15 a 24 años que la población desempleada en 2021 era de 74 496 jóvenes y en 2022 aumentó a 107 588 jóvenes, la población en subempleos visibles en 2021 era de 177 215 jóvenes y en 2022 aumentó a 189 250 jóvenes y la población económicamente inactiva en 2021 era de 1 531 477 jóvenes y aumentó en 2022 a 1 553 582 jóvenes. La Comisión toma nota de que el CDESC expresó también su preocupación por que niños, niñas y adolescentes, particularmente en las zonas rurales, sigan siendo objeto explotación laboral (documento E/C.12/GTM/CO/4, de fecha 11 de noviembre de 2022, párrafo 32). Al tiempo que toma nota del preocupante aumento del desempleo y del subempleo entre los jóvenes, a Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas ejecutadas para promocionar el empleo entre los jóvenes, particularmente entre las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión pide además al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil. Asimismo, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre los recursos desarrollados por la OIT en relación con el empleo juvenil. Estos recursos pueden ser fundamentales para diseñar e implementar políticas efectivas que aborden los desafíos específicos que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información enviada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para promocionar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. El Gobierno se refiere, entre otras medidas y actividades, a la disponibilidad de la plataforma tu empleo, quioscos de empleo, ferias de empleo, conferencias empresariales y capacitaciones a los empleadores y trabajadores. El Gobierno aporta información estadística de 2020 a 2023 sobre la cantidad de personas con discapacidad que el SNE logró incluir en puestos de trabajo en las entidades públicas y privadas, el número de capacitaciones en las temáticas de discapacidad y el número de instituciones públicas y privadas sensibilizadas en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad. El Gobierno agrega que para promover la inclusión de las personas con discapacidad entre 2016 y 2022 se han suscripto 15 instrumentos con instituciones públicas y privadas. La Comisión toma nota de la información estadística suministrada por el Gobierno sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El Gobierno informa que se utilizó como fuente principal de información el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018 y que del total de ocupados a nivel nacional el 7,4 por ciento (536 478 trabajadores) presenta alguna discapacidad, y de estos trabajadores tres de cada diez son mujeres. La Comisión observa que, si bien esa información es un punto de partida útil, no es aún suficiente a los fines de permitir evaluar el impacto de las medidas adoptadas con miras a aumentar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo abierto. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre el estado en el que se encuentra la propuesta de iniciativa de ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad. El Gobierno indica que en julio de 2019 el proyecto recibió dictamen favorable de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República. En enero de 2020 se discutió en dos debates, y que al momento de presentarse el informe el proyecto se encentraba pendiente de discusión y aprobación en un tercer debate, aprobación por artículos y redacción final. La Comisión toma nota que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus observaciones preliminares de su visita in loco a Guatemala de 2024, indicó que, pese a la existencia de programas específicos de inclusión laboral para las personas con discapacidad, estos presentan debilidades por la falta de accesibilidad y ajustes razonables (CIDH, Observaciones preliminares - Visita in loco a Guatemala, 2024, párrafo 78). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas con miras a promocionar el acceso de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo. A este respecto, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que haga todo lo posible para recopilar, analizar y comunicar los datos estadísticos sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, a fin de permitir evaluar el impacto de las medidas adoptadas con miras a aumentar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo abierto. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información actualizada sobre el estado en el que se encuentra la propuesta de iniciativa de ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Mujeres. La Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de NU, en sus observaciones finales sobre el décimo informe periódico de Guatemala, expresó su preocupación sobre i) las elevadas tasas de desempleo y autoempleo de las mujeres y la concentración de estas en la economía informal; ii) las limitadas oportunidades de empleo existentes en el Estado parte para las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres garífunas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres migrantes, así como para las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, y iii) que Guatemala no ha ratificado el Convenio de la OIT sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189); el Convenio de la OIT sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190); y el Convenio de la OIT sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) (documento CEDAW/C/GTM/CO/10, de fecha 14 de noviembre de 2023, párrafo 36). La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas en la actualización y la aplicación la política nacional del empleo para hacer frente a los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Al respecto, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre las orientaciones proporcionadas por la OIT en cuanto a políticas de empleo sensibles al género. Estas orientaciones ayudan a los responsables de la toma de decisiones a crear políticas de empleo más equitativas y efectivas. Los recursos disponibles destacan la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas de empleo para promover la igualdad. Incluyen buenas prácticas y métodos efectivos utilizados en diferentes países, así como herramientas y recursos para diseñar e implementar estrategias inclusivas, y exploran innovaciones y nuevas perspectivas en este ámbito.